YPF y el consorcio Argentina LNG anunciaron una inversión récord de más de US$50.000 millones para la producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde Vaca Muerta. Este mega-proyecto, que podría transformar a Argentina en un actor global de peso, depende crucialmente de la aprobación plena y efectiva del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que busca dar estabilidad jurídica y fiscal a proyectos de esta magnitud.
La posibilidad de que esta iniciativa se concrete marca un quiebre para una economía históricamente rehén de regulaciones erráticas y una presión impositiva asfixiante. Mientras los defensores del RIGI celebran la potencial inyección de capital y creación de empleo, el desafío es claro: ¿está el Estado argentino preparado para dejar de ser un obstáculo y convertirse en un facilitador, garantizando las condiciones para que esta inversión no sea otra promesa frustrada?