La parálisis generalizada de los proyectos de infraestructura básica dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional ha dejado de ser únicamente un debate de asignación presupuestaria para transformarse en una batalla legal de alto impacto político regional. La diputada nacional de la oposición, Victoria Tolosa Paz, decidió judicializar de manera frontal el freno total a los trabajos viales en la provincia de Buenos Aires, interponiendo una medida cautelar ante la justicia federal. La presentación judicial bajo el nombre tolosa paz amparo ruta 3 busca obligar a la administración de Javier Milei a reactivar de manera urgente las partidas financieras destinadas a una de las autovías más transitadas y peligrosas de la provincia.\n\nEl conflicto de fondo gira en torno a la decisión del Gobierno nacional de cortar de cuajo la transferencia discrecional de partidas y paralizar toda obra pública que no cuente con financiamiento de organismos internacionales bilaterales. Esta drástica política de austeridad ha desatado una intensa guerra judicial provincias, donde gobernadores e intendentes intentan forzar por la vía de los tribunales la continuidad de proyectos estratégicos para la conectividad y la seguridad vial de sus respectivas comunidades. La diputada opositora argumenta que la Ruta Nacional 3 reviste un carácter de urgencia de conectividad ineludible debido al elevado índice de siniestros viales registrados en sus tramos.\n\nDesde las filas oficialistas se defiende de manera intransigente la suspensión temporaria de los convenios de obras viales pba, sosteniendo que el saneamiento fiscal es la prioridad absoluta y que muchas de las obras paralizadas presentaban marcadas irregularidades administrativas bajo gestiones anteriores. Tolosa Paz, sin embargo, sostiene que el reclamo fondos nacionales es un derecho inalienable de los bonaerenses y que el ahogo presupuestario ejercido por la Nación constituye una flagrante violación de los compromisos legales asumidos por el Estado con los distritos.\n\nEl devenir del amparo judicial presentado por la legisladora será clave para determinar si los gobernadores e intendentes de la oposición encuentran en la justicia federal un dique de contención eficaz frente a la rigidez del ajuste del gasto público nacional. En este clima de extrema confrontación jurídica y escasez de recursos, queda planteado un dilema central para el federalismo nacional: ¿sentará la justicia un precedente de intervención directa sobre las decisiones de política fiscal del Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad de las obras públicas consideradas esenciales?