La tranquilidad habitual de la capital provincial se vio quebrantada por una multitudinaria movilización social que reunió a miles de mendocinos en las inmediaciones de la Legislatura provincial. La masiva marcha, convocada de forma orgánica por entidades agrarias, cámaras empresarias y colegios profesionales, expresó un categórico rechazo al debate de proyectos de ley en el Senado local que, a juicio de los manifestantes, lesionan de forma flagrante el derecho de propiedad y amenazan la seguridad jurídica de Mendoza.
El detonante de la indignación colectiva fue la introducción de iniciativas parlamentarias que pretenden agilizar mecanismos de expropiación estatal para tierras rurales consideradas improductivas o con deudas impositivas prolongadas, junto con reformas a la normativa de catastro y posesión de tierras rústicas. Los impulsores de estas iniciativas legislativas afirman que el objetivo es optimizar el recurso del suelo y del agua en un contexto de persistente sequía cordillerana. No obstante, los productores agropecuarios mendocinos y los partidos opositores alertan que la Ley de propiedad privada Mendoza se vería gravemente afectada, otorgando un poder discrecional indebido al Estado provincial en detrimento de la actividad económica privada.
La respuesta en las calles fue de una masividad contundente, incluyendo tractorazos en las zonas productivas de San Rafael, General Alvear y el Valle de Uco, reflejando el histórico arraigo de una sólida cultura del esfuerzo individual y el respeto a la propiedad privada en la provincia cuyana. Ante el tenor del conflicto social, el bloque oficialista en la Legislatura debió retroceder en su intención de darle sanción exprés al paquete de leyes, abriendo un canal de negociación para aplacar los ánimos de los movilizados.
El estallido del conflicto en Mendoza visibiliza el escaso margen de maniobra con el que cuenta la política para ensayar reformas de corte estatista o regulatorio en comunidades que asocian de manera inalterable la prosperidad colectiva con la inviolabilidad del dominio privado.
Con el debate parlamentario temporalmente suspendido pero con los sectores productivos en permanente estado de alerta, subsiste la pregunta de fondo. ¿Logrará el poder legislativo mendocino dar respuestas a la planificación urbana y de recursos hídricos sin quebrantar las garantías fundamentales de la seguridad jurídica privada de sus ciudadanos?