Una nutrida movilización social ocupó las calles principales de la capital mendocina en rechazo al proyecto normativo denominado 'Ley de Propiedad Privada', cuyo tratamiento avanza en la Cámara de Senadores de la provincia. La protesta reunió a agrupaciones territoriales, pequeños productores agrícolas y sectores gremiales que denuncian el posible impacto negativo sobre la ocupación comunitaria de tierras.
El eje del conflicto radica en las disposiciones del texto legal que endurecen los procedimientos de desalojo expedito y restringen el reconocimiento de posesiones históricas en terrenos fiscales o privados en litigio. La iniciativa, respaldada por sectores empresariales locales y el Ejecutivo provincial, busca brindar seguridad jurídica estricta para el desarrollo de inversiones inmobiliarias y mineras.
Sin embargo, quienes rechazan la ley de propiedad privada mendoza sostienen que la redacción actual criminaliza la pobreza rural y urbana, vulnerando derechos constitucionales de familias que habitan predios desde hace décadas sin regularización dominial formal.
La sesión parlamentaria debió desarrollarse bajo un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del recinto, mientras las comisiones escuchan ponencias de especialistas constitucionales antes de convocar a la votación definitiva.
¿Logrará el consenso parlamentario equilibrar la protección de la propiedad con las demandas sociales de los sectores más vulnerables?