La ciudad de Mendoza fue escenario de una multitudinaria movilización popular convocada por organizaciones sociales, agrupaciones territoriales y sectores de la oposición legislativa para rechazar el proyecto de Ley de Propiedad Privada que inició su tratamiento en el Senado mendocino. La protesta provocó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede parlamentaria.
Los manifestantes denuncian que el texto propuesto por el bloque oficialista local endurece las causales de desalojo express, flexibiliza los requisitos institucionales para la adjudicación de tierras y limita los derechos de posesión de comunidades originarias y pequeños productores del ámbito rural. Según los voceros de las organizaciones, la norma favorece la especulación inmobiliaria y minera en detrimento del arraigo comunitario.
Por el contrario, los impulsores de la legislación en la Cámara Alta argumentan que la provincia necesita un marco jurídico moderno que proteja las inversiones privadas, combata las ocupaciones ilegales de terrenos y otorgue garantías claras a los propietarios legítimos. Sostienen que el proyecto brinda transparencia institucional y previsibilidad económica para el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos.
El debate parlamentario se desarrolla en un clima de marcada polarización política, con acusaciones cruzadas en el recinto. Los bloques opositores han solicitado el archivo del proyecto o la apertura de audiencias públicas para escuchar a los actores sociales afectados antes de avanzar con el dictamen de comisión.
El conflicto social desatado alrededor de la iniciativa pone a prueba la capacidad de diálogo institucional en Mendoza. ¿Prevalecerá la postura del oficialismo provincial para sancionar la norma o la presión callejera logrará modificar el articulado en el Senado?