Una masiva movilización popular conmovió las calles del centro mendocino. Miles de manifestantes convocados por asambleas territoriales, uniones de puesteros y productores independientes se movilizaron en rechazo a las reformas sobre la ley de propiedad privada mendoza que se tramitan en las comisiones de trabajo del Senado de la Nación. Los manifestantes sostienen que la iniciativa busca flexibilizar la protección sobre tierras rurales y urbanas para favorecer la concentración de desarrollos inmobiliarios y mineros.
El conflicto tiene una honda raíz regional. En el territorio cuyano, la tenencia histórica de la tierra e irrigación del agua está atravesada por tensiones entre pequeños agricultores y grandes corporaciones de capital privado. Quienes marcharon afirman que de aprobarse los cambios normativos impulsados en el ámbito nacional, se vulneraría el derecho dominial originario de cientos de familias que han trabajado parcelas productivas durante generaciones sin contar con la titulación registral definitiva.
Por su parte, los defensores de la iniciativa legislativa argumentan que el proyecto busca dotar de máxima seguridad jurídica a la inversión productiva privada, combatiendo la ocupación ilegal de inmuebles y agilizando la restitución de bienes a sus titulares legítimos. Desde el oficialismo se aclara que la legislación busca afianzar los derechos consagrados en la Constitución Nacional para atraer inversiones sostenibles de largo plazo.
La presión en las calles mendocinas genera preocupación en el Gobierno provincial, que busca evitar que la protesta social interfiera con su agenda de atracción de inversiones agrícolas y energéticas. El escenario legislativo en la Cámara Alta se torna incierto frente a la resistencia civil.
¿Es posible garantizar la seguridad jurídica del capital privado sin vulnerar los derechos históricos de los pequeños productores territoriales?