El bloque de senadores de La Libertad Avanza e intendentes del oficialismo intensificaron las conversaciones reservadas con los gobernadores de las provincias productoras para garantizar la emisión del dictamen que permita aprobar la ampliación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, conocido popularmente como Súper RIGI. La iniciativa, diseñada para ofrecer garantías de estabilidad tributaria, acceso al mercado cambiario y seguridad jurídica a mega proyectos extractivos e industriales por plazos de hasta treinta años, atraviesa su etapa definitoria en las comisiones de la Cámara Alta.
Para destrabar el rechazo de sectores de la oposición colaborativa y mandatarios provinciales que exigían mayores resguardos para el tejido de proveedores locales, el equipo técnico del Gobierno aceptó introducir dos modificaciones normativas centrales. La primera establece un porcentaje mínimo obligatorio de contratación de pequeñas empresas locales para obras de infraestructura complementaria, mientras que la segunda clarifica los mecanismos de resolución de controversias jurídicas, acotando los fueros de arbitraje internacional sin debilitar la protección del inversor extranjero.
Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, el blindaje legislativo de este régimen resulta condición imprescindible para efectivizar desembolsos multimillonarios que se encuentran congelados en áreas estratégicas como Vaca Muerta, el desarrollo del litio en el Norte Grande y los proyectos de cobre en la cordillera. Sin embargo, detractores del proyecto argumentan que la generosidad de los beneficios fiscales concedidos limita la recaudación futura de las provincias y puede generar asimetrías severas con la industria manufacturera tradicional que no goza de dichos privilegios.
El avance de la negociación parlamentaria demuestra el pragmatismo que debió adoptar el oficialismo para construir mayorías en un Senado fuertemente fragmentado. El resultado final del articulado determinará la efectividad real del régimen para transformar anuncios de inversión en dólares frescos para las reservas del Banco Central. ¿Logrará el Gobierno consolidar el apoyo legislativo necesario para activar los megaproyectos productivos sin hipotecar los ingresos tributarios del Estado nacional y provincial?