El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Súper RIGI) atraviesa horas decisivas en el Senado de la Nación. En su afán por emitir dictamen de mayoría y destrabar la votación en el recinto, el Poder Ejecutivo aceptó introducir dos modificaciones centrales que atienden reclamos específicos de bloques aliados y mandatarios provinciales.
El primer cambio se enfoca en el porcentaje de desarrollo de proveedores locales exigido a los proyectos que se acojan al régimen. La redacción original establecía un piso flexible que generaba reparos en las pymes industriales locales. La nueva versión eleva las metas de integración nacional y fija prioridades claras para la contratación de mano de obra y servicios en las provincias donde se radiquen los emprendimientos mineros, energéticos y agroindustriales.
La segunda modificación sustancial revisa los plazos para la libre disponibilidad de divisas generadas por las exportaciones de estos proyectos. Si bien se mantiene la exención de liquidación obligatoria en el mercado oficial de forma progresiva, se incorporaron cláusulas de salvaguarda que otorgan al Banco Central facultades operativas temporales en caso de situaciones de emergencia en la balanza de pagos.
Las modificaciones buscan equilibrar la atracción de capitales de escala mundial con la protección de la cadena de valor nacional y la estabilidad de las reservas. Con estos ajustes, el Gobierno confía en consolidar una mayoría parlamentaria que dé luz verde a un instrumento considerado estratégico para dinamizar Vaca Muerta y la minería del litio.
¿Lograrán estas concesiones en el Senado destrabar las inversiones multimillonarias que el sector privado mantiene en pausa?