La reunión plenaria del Consejo del Salario Mínimo concluyó este viernes de forma abrupta y sin consenso entre las partes. La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la CTA se retiraron del encuentro tras calificar como inadmisible la propuesta de los sectores empresarios, que ofrecía una recomposición salarial escalonada muy por debajo de las pretensiones de los trabajadores. Ante el bloqueo absoluto de las negociaciones, la Secretaría de Trabajo confirmó que el valor del salario mínimo vital y móvil será establecido por laudo del Poder Ejecutivo mediante un decreto en los próximos días.
Durante la cumbre, las representaciones gremiales reclamaron un incremento superior al 30% para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada frente a la canasta básica. En contraposición, las cámaras patronales argumentaron que la caída en el nivel de actividad y la necesidad de sostener los costos de contratación limitan cualquier ajuste superior a la pauta inflacionaria proyectada. El desacuerdo dinamitó la instancia tripartita y devolvió el protagonismo absoluto a la Casa Rosada, que ya en convocatorias anteriores optó por fijar cifras alineadas con el sendero de contracción monetaria y equilibrio fiscal que comanda Luis Caputo.
Este desenlace no solo tensa el vínculo entre la administración de Javier Milei y las cúpulas sindicales, sino que también tiene un impacto directo sobre la estructura de los programas sociales, el cálculo del impuesto a las Ganancias y la referencia de ingresos para los trabajadores no registrados. En un marco de paritarias argentina condicionadas por techos implícitos de homologación, la fijación unilateral de un aumento salarial gobierno busca evitar efectos de segunda ronda sobre los precios minoristas, aunque profundizará el descontento de los sectores de menores ingresos.
La decisión oficial ratifica el rumbo del programa de ajuste, pero traslada la disputa distributiva a las calles y al ámbito judicial. ¿Podrá el Gobierno contener el malestar de las centrales obreras sin que la pérdida de poder adquisitivo derive en un nuevo paro general?