El tratamiento del proyecto denominado Súper RIGI ingresó en una fase de alta parálisis legislativa en la Cámara de Senadores. A pesar de las intensas negociaciones encabezadas por la bancada oficialista para acelerar el dictamen de comisión, un nutrido grupo de senadores de bloques aliados y provinciales exigió modificaciones de último momento. Estas trabas congelaron temporalmente el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en la Cámara Alta.
Las objeciones de los senadores aliados no apuntan al espíritu general de atraer inversiones multimillonarias, sino a los detalles normativos que impactan de lleno en las provincias. Entre las principales demandas se destaca la exigencia de garantizar un cupo mínimo del 20% para contrataciones de proveedores locales en cada megaproyecto. Asimismo, las provincias mineras y energéticas reclaman mantener intacta su potestad de cobro de regalías y que el Gobierno no restrinja los tributos jurisdiccionales vigentes.
Desde el Poder Ejecutivo consideran que agregar regulaciones al texto original diluye el atractivo internacional del Súper RIGI y puede desmotivar los desembolsos de grandes fondos extranjeros. Por su parte, los legisladores dialoguistas remarcan que sin cláusulas de desarrollo local y garantías fiscales para los gobernadores, no están dispuestos a aportar los votos indispensables para alcanzar el quorum en la sesión plenaria.
La traba expone nuevamente la debilidad de números que enfrenta La Libertad Avanza en el Congreso nacional, donde cada ley bisagra exige concesiones permanentes ante bancadas regionales heterogéneas. Las autoridades parlamentarias debieron postergar la firma del dictamen a la espera de un nuevo borrador que redactará el Ministerio de Economía para limar asperezas técnicas.
Con la mirada atenta de inversores globales en sectores como la minería, el petróleo y la infraestructura, el reloj legislativo no se detiene. ¿Podrá el Gobierno ceder a las modificaciones de los aliados provinciales sin desvirtuar la esencia del Súper RIGI?