El oficialismo sufrió un duro golpe político en la Cámara Alta al no lograr reunir los números necesarios para debatir la nueva regulación del sector energético. La sesión programada para sancionar las modificaciones del régimen sectorial se suspendió abruptamente, dejando al descubierto las serias dificultades de negociación del bloque oficialista. Este traspié con la iniciativa de biocombustibles senado expone la debilidad de un esquema de alianzas parlamentarias que todavía no logra consolidar una mayoría estable frente a los gobernadores provinciales.
La ley de biocombustibles es un terreno de disputa de enormes intereses económicos que divide a las provincias del norte azucarero y a las de la región pampeana, productoras de maíz y soja, frente a los intereses petroleros tradicionales. El proyecto oficialista proponía una desregulación progresiva de los cupos de mezcla y una liberalización de precios, una medida bien recibida por los sectores industriales más competitivos pero resistida por los legisladores de provincias que temen perder la protección estatal histórica. Esta derrota parlamentaria obliga al Gobierno a revisar su estrategia de seducción de aliados tácticos.
La caída de la sesión del Senado de la Nacion frena un paquete de reformas desregulatorias que el Ministerio de Economía considera prioritarias para atraer inversiones extranjeras bajo el marco del RIGI. Sin la aprobación de esta normativa, las empresas del sector de energías renovables postergan sus planes de expansión, lo que ralentiza la generación de divisas genuinas en un momento de reservas escasas. Para el oficialismo, la experiencia demuestra que la firma de decretos presidenciales no alcanza si no se construye una arquitectura de acuerdos legislativos duraderos.
Las consecuencias políticas inmediatas apuntan a una reconfiguración de la mesa de enlace parlamentaria de la Casa Rosada. La incapacidad para alinear los votos de los bloques aliados en temas productivos clave muestra que el pragmatismo de los gobernadores cotiza alto y que el Gobierno deberá ceder mayor protagonismo si quiere evitar nuevas frustraciones en el recinto.
¿Podrá el Gobierno avanzar con su ambicioso plan de desregulación económica si continúa supeditado a las exigencias corporativas de las provincias?