El Palacio de Hacienda y la Secretaría de Trabajo vuelven a constituirse en el centro de las negociaciones distributivas con la convocatoria formal al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. La reunión sienta en la misma mesa a los representantes de las principales centrales sindicales —encabezadas por la CGT y las dos variantes de la CTA— y a las cámaras empresarias para definir un nuevo piso salarial en un contexto signado por la recomposición parcial de ingresos.
Las exigencias sindicales llegan con un pedido unificado que busca llevar el salario mínimo por encima del millón de pesos, argumentando que los incrementos fijados en los meses previos quedaron rezagados frente a la evolución de la canasta básica total que mide la pobreza. Desde la postura gremial sostienen que el haber mínimo perdió tracción no solo como remuneración de referencia para el empleo no registrado, sino también como ordenador de programas sociales e indemnizaciones laborales.
En la vereda opuesta, el Poder Ejecutivo procura alinear el resultado de la paritaria nacional con su pauta de desinflación. Fuentes oficiales deslizan que cualquier ajuste desmedido sobre la masa salarial básica podría trasladarse de forma directa a los costos de las pequeñas y medianas empresas o generar presión monetaria indirecta en la caja fiscal. Por ello, el oficialismo apunta a un esquema de subas graduadas que acompañe la trayectoria proyectada del IPC mensual.
El resultado de la cumbre marcará un antecedente directo para las negociaciones paritarias sectoriales que aún no han cerrado sus esquemas. Mientras el sector privado advierte sobre las limitaciones financieras de sostener aumentos nominales elevados sin correlato de productividad, la representación trabajadora presiona para evitar que la pauta oficial consagre una pérdida definitiva en el poder de compra. ¿Lograrán las partes destrabar un acuerdo equilibrado o terminará fijándose el haber por decreto oficial?