La tensión entre el Poder Ejecutivo y las principales centrales obreras del país alcanzó su punto de máxima ebullición tras el escandaloso fracaso de la reunión del Consejo del Salario. La Confederación General del Trabajo (CGT) y las vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) abandonaron el encuentro de manera abrupta, denunciando la falta de voluntad del Gobierno nacional para propiciar un incremento que compense el violento deterioro del poder adquisitivo. Ante la falta de acuerdo bilateral, la administración de Javier Milei apelará a su potestad legal de fijar el aumento salarial por decreto.
La ruptura expone no solo una discrepancia numérica, sino dos visiones antagónicas del orden macroeconómico nacional. Mientras las representaciones sindicales exigían un incremento sustantivo que acerque el salario mínimo Argentina a la canasta básica total, el sector empresarial y los delegados de la Secretaría de Trabajo mantuvieron una postura de extrema prudencia. Para el Palacio de Hacienda, otorgar aumentos desmedidos alimentaría la espiral de inflación que se intenta sofocar en medio de un delicado conflicto gremial que paraliza las negociaciones paritarias.
El impacto de este quiebre es político e inmediato. La CGT, fuertemente interpelada por sus bases, encuentra en este fracaso un elemento unificador para endurecer su plan de lucha y presionar con nuevas medidas de fuerza de alcance nacional. Por su parte, la administración nacional interpreta la intransigencia del sindicalismo como una maniobra política destinada a boicotear los planes de estabilización fiscal y laboral que el Ministerio de Trabajo intenta consolidar en el corto plazo en su puja entre gobierno y sindicatos.
La resolución unilateral del haber mínimo por parte del Estado busca preservar la disciplina fiscal, pero incrementa sensiblemente el riesgo de un escenario de alta conflictividad en las calles. Con el tendido de puentes institucionales prácticamente dinamitado, la gobernabilidad requerirá de una muñeca de negociación muy precisa. ¿Será capaz el Gobierno de sostener la calma cambiaria y de precios si el conflicto social con los sindicatos se traslada a un paro general indefinido?