YPF ha solicitado la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para un proyecto de gas natural licuado (LNG) que podría significar una inversión de 51.000 millones de dólares, la mayor de la historia argentina. Esta noticia, presentada como un hito para la exportación de gas de Vaca Muerta, genera expectativas sobre un potencial despegue económico. Sin embargo, la implementación del RIGI no está exenta de críticas. Mientras el gobierno lo presenta como la única vía para atraer capital, sectores opositores y analistas advierten sobre los riesgos de entregar beneficios excesivos a grandes empresas, afectando la recaudación y la soberanía. La discusión se centra en si estos incentivos son realmente un motor de desarrollo o una cesión de recursos con escaso impacto en el empleo local y la cadena de valor nacional. En este contexto, ¿logrará la Argentina equilibrar la necesidad de inversiones con la defensa de sus intereses, o las condiciones del RIGI convertirán este despegue en un mero espejismo?