El Fuero Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano y ratificó la medida cautelar que frena los cambios normativos impulsados por el Gobierno sobre el financiamiento de las universidades públicas. La resolución judicial representa un tropiezo significativo para la estrategia de reorganización presupuestaria planteada por el presidente Javier Milei.
El fallo judicial subraya que la suspensión de las normas vigentes por vía reglamentaria vulnera principios de autonomía universitaria y altera la asignación presupuestaria garantizada por leyes nacionales. La magistrada interviniente ordenó al Estado nacional abstenerse de concretar recortar giros o alterar la distribución de partidas hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo.
Desde la Casa Rosada lamentaron la decisión y anticiparon que recurrirán a la Cámara de Apelaciones y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia para defender la potestad del Poder Ejecutivo en la administración de las cuentas públicas. Los voceros del Gobierno insisten en que las auditorías e inspecciones sobre los gastos del sistema universitario son irrenunciables para garantizar el uso transparente de los impuestos.
Por su parte, los rectores, sindicatos docentes y federaciones estudiantiles celebraron la medida judicial como un respaldo clave en la defensa de la educación universitaria gratuita y de calidad. El conflicto judicial se produce de manera simultánea a las negociaciones paritarias del sector, intensificando el clima de tensión en las casas de altos estudios de todo el país.
La controversia judicial evidencia la marcada resistencia que encuentran algunas reformas estructurales de la administración Milei en los tribunales federales. ¿Se convertirá el frente judicial en la principal traba presupuestaria para el plan de ajuste del Ejecutivo?