Un nuevo fallo proveniente de la Justicia del Trabajo asestó un golpe a la estrategia de flexibilización impulsada por el Ejecutivo. El tribunal resolvió declarar la inconstitucionalidad de un artículo neurálgico relativo al cálculo y tope de las indemnizaciones por despidos, afectando la reforma laboral promovida desde Balcarce 50. La resolución judicial responde a amparos presentados por entidades sindicales que objetaban el desmonte del esquema legal normativo anterior.
El pronunciamiento sostiene que el texto normativo vulnera garantías constitucionales de protección contra el despido arbitrario establecidas en el artículo 14 bis. Desde la perspectiva oficialista, esta clase de resoluciones limita la modernización del mercado de trabajo y frena la creación de nuevo empleo registrado. Para las autoridades nacionales, la inconstitucionalidad reforma laboral impuesta por los tribunales laborales representa una barrera para la atracción de inversiones privadas e incrementa el costo de contratación de las pymes.
Del otro lado, abogados laboralistas y centrales sindicales celebraron el dictamen al considerar que protege conquistas históricas frente al avance de políticas de desregulación agresivas. El freno a este capítulo enciende alarmas en los equipos legales del Poder Ejecutivo, que analizan apelar el dictamen ante la Corte Suprema de Justicia para unificar criterio y defender la validez de los decretos expedidos durante el ciclo legislativo vigente.
El revés ratifica que la disputa por el marco normativo laboral está lejos de resolverse en el plano estrictamente normativo del DNU Milei. La judicialización recurrente genera un escenario de incertidumbre jurídica que afecta tanto a trabajadores como a empleadores. ¿Logrará el Gobierno revertir las trabas judiciales o deberá renegociar el texto laboral en el Congreso?