El ambicioso programa de privatización de empresas públicas impulsado por la administración de Javier Milei sufrió una importante traba legal tras el fallo dictado por un tribunal bonaerense. La resolución dispuso frenar temporalmente el proceso de venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y remitir el expediente al fuero de la justicia federal para determinar la validez del procedimiento de transferencia. El fallo judicial interrumpe el cronograma oficial que contemplaba la licitación de la compañía prestadora de agua potable y cloacas durante el presente ejercicio.
La decisión de la justicia ordinaria respondió a una medida cautelar presentada por sindicatos del sector y organizaciones de usuarios que denunciaron la falta de audiencias públicas previas y la eventual vulneración del acceso a un servicio esencial. En sus argumentos, el tribunal consideró que cualquier modificación en el régimen accionario de una empresa pública de saneamiento requiere un análisis exhaustivo sobre los estándares de cobertura y calidad de la prestación. La remisión de la causa a los tribunales de Comodoro Py introduce una demora procesal que condiciona los planes financieros del Ministerio de Economía.
Para el Poder Ejecutivo, el freno judicial representa un obstáculo ideológico y técnico frente al objetivo de desarmar la estructura de empresas estatizadas y reducir el gasto presupuestario. Fuentes del equipo económico aseguraron que apelarán la medida en todas las instancias correspondientes para defender la legalidad de los decretos y la Ley Bases. No obstante, los analistas del sector corporativo advierten que la incertidumbre jurídica desalienta la llegada de grupos inversores internacionales interesados en la concesión del servicio hídrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El conflicto pone de manifiesto la compleja convivencia entre la velocidad institucional que exige el Poder Ejecutivo para su plan de reformas y los tiempos garantistas que impone el Poder Judicial. La judicialización de los procesos privatizadores amenaza con replicarse en otras firmas estratégicas del Estado nacional como Aerolíneas Argentinas y los ferrocarriles. En este escenario de incertidumbre regulatoria, cabe preguntarse: ¿podrá el Gobierno consolidar su programa de privatizaciones sin antes alcanzar un consenso institucional y normativo definitivo?