La situación procesal del consultor político argentino Fernando Cerimedo en los tribunales del Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un duro traspié luego de que las autoridades judiciales ordenaran dictar una segunda orden de prisión preventiva en su contra. La resolución forma parte de un proceso penal de envergadura donde se lo investiga por presuntas maniobras de enriquecimiento ilícito y transacciones financieras irregulares.
El estratega de comunicación digital, reconocido por su cercanía e influencia en diversos armados políticos de la derecha latinoamericana y del oficialismo argentino, suma de esta manera un nuevo frente de conflicto legal en el exterior. Las autoridades judiciales bolivianas argumentaron riesgo de fuga e entorpecimiento probatorio para justificar la ratificación de la medida de privación de la libertad.
La defensa del consultor rechazó enfáticamente los fundamentos del fallo, alegando que se trata de una persecución política impulsada sin sustento técnico y anunciando apelaciones ante los organismos superiores. Sin embargo, el Ministerio Público boliviano sostiene que existen inconsistencias documentales de peso en los patrimonios atribuidos a sus firmas.
El impacto institucional del caso trasciende las fronteras y salpica las dinámicas del asesoramiento político internacional en la región. ¿Logrará la defensa de Cerimedo revertir el cerco judicial boliviano o este fallo sentará un precedente definitorio en el caso?