El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad volvió a encender la grieta política y judicial entre la Nación y la provincia de Buenos Aires. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó de manera directa contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, luego de que una resolución judicial detuviera de forma preventiva la aplicación de medidas clave vinculadas al tratamiento de menores en conflicto con la ley. Para la funcionaria de Javier Milei, este fallo no es un hecho aislado, sino el resultado de un acuerdo de conveniencia política.
El núcleo de la confrontación gira en torno a las modificaciones del Régimen Penal Juvenil, una de las banderas de la gestión nacional para combatir la inseguridad urbana. Bullrich defendió la urgencia de avanzar en la baja edad imputabilidad, argumentando que los delitos graves cometidos por menores no pueden quedar impunes bajo el amparo de normativas obsoletas. Sin embargo, la justicia bonaerense interpuso trabas legales apoyándose en tratados internacionales y en la falta de condiciones edilicias adecuadas en los centros de contención de la provincia.
Desde La Plata, el entorno de Axel Kicillof rechazó los agravios y acusó a la ministra de intentar politizar el funcionamiento independiente del Poder Judicial. Voceros de la gobernación señalaron que la solución a la delincuencia juvenil no se agota con el endurecimiento de las penas, sino que requiere una inversión profunda en educación, inclusión social y en el fortalecimiento de las instituciones de niñez, áreas que sufren el recorte presupuestario nacional.
Esta parálisis expone la fragilidad de la articulación institucional entre las dos jurisdicciones más pobladas e influyentes del país. Mientras la Casa Rosada busca imprimir velocidad a sus reformas de seguridad con un discurso de tolerancia cero, el principal bastión de la oposición peronista utiliza resortes judiciales para defender su propio enfoque de la problemática social. Esta pulseada frena decisiones operativas de las fuerzas de seguridad en el conurbano bonaerense.
¿Podrá el Gobierno nacional imponer la reforma del Régimen Penal Juvenil en el Congreso a pesar de la fuerte resistencia política y judicial de la provincia de Buenos Aires?