El tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares desató una intensa controversia técnica y política en las comisiones del Congreso. Las modificaciones propuestas buscan definir con mayor rigor geológico qué formaciones rocosas y periglaciares califican efectivamente como reservorios hídricos estratégicos, abriendo el camino para destrabar inversiones mineras millonarias que llevan años paralizadas en provincias cordilleranas como San Juan, Salta y Catamarca.
La normativa vigente, sancionada en 2010, fue objeto de críticas recurrentes por parte del sector productivo debido a su ambigüedad en la definición del ambiente periglacial. Esta vaguedad normativa frenó el financiamiento de proyectos cupríferos esenciales para la transición energética global. El nuevo texto legislativo estipula que la protección estatal recaerá exclusivamente sobre cuerpos de hielo permanentes y geoformas que cumplan una función hídrica demostrable, transfiriendo a las provincias la potestad de auditar los estudios de impacto en sus territorios.
Organizaciones ambientalistas y sectores de la comunidad científica manifestaron su desacuerdo, advirtiendo que flexibilizar los perímetros de exclusión pone en riesgo fuentes de agua dulce en un contexto de cambio climático y sequías recurrentes. Desde su perspectiva, subordinar la preservación de los ecosistemas de alta montaña a las demandas de capital transnacional podría acarrear daños irreparables sobre cuencas hídricas que abastecen valles agrícolas poblados.
Por su parte, los gobernadores de la mesa del litio y del cobre defienden la modificación como un acto de federalismo económico. Sostienen que la Argentina no puede darse el lujo de mantener enterrada una riqueza mineral estimada en decenas de miles de millones de dólares, mientras países vecinos como Chile multiplican sus exportaciones con estándares internacionales de control sustentable y regalías coparticipables.
El dilema expone la necesidad de armonizar la generación de divisas genuinas con el resguardo irrevocable de los recursos vitales del territorio nacional. ¿Conseguirá el marco regulatorio atraer inversiones de escala sin comprometer el patrimonio ambiental de las futuras generaciones?