El Congreso de la Nación avanza en la revisión técnica de la Ley de Glaciares, un cambio normativo considerado estratégico por las provincias mineras y por el sector extractivo internacional. La iniciativa busca precisar la definición legal del ambiente periglacial para habilitar proyectos auríferos y cupríferos que hasta ahora permanecían frenados por cautelares judiciales.
Desde el sector inversor afirman que la legislación anterior era ambiguamente restrictiva, paralizando emprendimientos en áreas donde no existen fuentes de agua estratégicas para el consumo humano. Según la postura pro-minera, la nueva redacción otorgará la certidumbre jurídica indispensable para concretar inversiones de miles de millones de dólares en la Cordillera.
Por su parte, organizaciones ecologistas e investigadores científicos advierten que flexibilizar la protección de las reservas hídricas sólidas compromete el abastecimiento de agua en un contexto de cambio climático severo. El proyecto entra en su etapa de definiciones en las comisiones del Senado. ¿Es posible conciliar el desarrollo minero a gran escala con la preservación rigurosa del agua?