El impacto del proceso de reordenamiento macroeconómico y la contracción en los niveles del consumo interno continúan generando severos cimbronazos en la estructura productiva del país. Según las últimas proyecciones de las cámaras del sector fabril y mercantil, casi el 50% de las pequeñas y medianas empresas ya presenta serias interrupciones en su cadena de pagos, manifestadas en la refinanciación forzada de cheques, la postergación de obligaciones fiscales y la mora con proveedores clave.
La crisis industrial argentina golpea con mayor intensidad a las unidades productivas que dependen de la demanda local y de insumos nacionales. Con costos fijos en alza por el sinceramiento de las tarifas energéticas y los servicios logísticos, sumado a ventas que registran caídas de dos dígitos en diversos rubros, los empresarios pyme advierten que la capacidad de resistencia financiera de los comercios y fábricas medianas se encuentra en un punto crítico.
El problema se agrava por el estancamiento del crédito comercial. Ante la falta de liquidez en la plaza y la prudencia de las entidades financieras para renovar descubiertos o descontar cheques a tasas competitivas, muchas firmas se ven arrastradas a un endeudamiento corporativo insostenible. Esta situación frena proyectos de inversión en marcha y amenaza directamente la estabilidad de miles de puestos de trabajo directos.
Frente a esta coyuntura, las entidades gremiales empresarias reclaman medidas de alivio tributario urgentes, tasas de financiamiento de fomento y un marco regulatorio de emergencia que impida la quiebra masiva de talleres y establecimientos fabriles. Desde el Gobierno nacional sostienen que la eliminación de la inflación y la desregulación general son el único camino sólido para construir una competitividad duradera e invitan al sector a adaptarse a la nueva realidad de mercado.
¿Es posible sostener la estabilización macroeconómica sin un plan financiero de contención urgente para la industria pyme nacional?