Frente al galopante incremento del endeudamiento familiar, las bancadas opositoras en el Congreso de la Nación pusieron en marcha una batería regulatoria de alto impacto. En total, acumulan más de 50 iniciativas parlamentarias destinadas a limitar los intereses punitorios, poner freno provisional a los embargos judiciales contra deudores vulnerables y establecer marcos de rescate para consumidores atrapados en esquemas crediticios abusivos.
La avanzada busca interpelar la política de desregulación del mercado financiero que impulsa el Poder Ejecutivo. Entre los puntos clave de los proyectos consolidados figuran la obligación de restructurar saldos adeudados a tasas subsidiadas, la intangibilidad de los sueldos en cuentas sueldo frente a los débitos automáticos no autorizados y la creación de la figura de la 'insolvencia de la persona humana' para evitar la quiebra personal de los trabajadores formalizados e informales.
Desde el oficialismo y el sector bancario privado cruzaron con dureza la medida, argumentando que imponer topes por ley o suspender ejecuciones destruirá la oferta de crédito formal y empujará a las familias a recurrir a cModernos prestamistas informales o 'cuevas', donde los riesgos y las tasas son aún más severos. Para el sector bancario, la solución radica en consolidar la baja inflacionaria y no en distorsionar los contratos vigentes.
El debate en las comisiones de Finanzas y Comercio promete batallas acaloradas en el marco parlamentario. ¿Logrará la oposición unificar votos para imponer un freno legal al acoso financiero o prevalecerá la postura de libre mercado sustentada por la Casa Rosada?