El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, conducido por Axel Kicillof, intervino de forma directa en el conflicto laboral que paralizaba a las plantas productivas de la empresa avícola Granja Tres Arroyos. A través de una resolución dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, la provincia estableció la conciliación obligatoria e intimó a la firma a retrotraer las medidas adoptadas y reincorporar de inmediato a los 1.200 operarios que habían recibido telegramas de despido.
La decisión oficial busca frenar la escalada del conflicto en los municipios afectados, donde las cesantías masivas generaron un impacto social y económico inmediato en las comunidades locales. Desde el gremio del sector celebraron la medida administrativa e instaron a las autoridades empresariales a sentarse en una mesa de negociación para evaluar alternativas productivas que no impliquen la destrucción de puestos de trabajo en el cordón industrial.
Por su parte, la conducción de Granja Tres Arroyos argumenta atravesar una severa crisis financiera provocada por el incremento en los costos de producción, la baja del consumo interno en ciertos rubros derivados y la pérdida de competitividad en los mercados internacionales de exportación avícola. La empresa sostiene que la reestructuración de la plantilla es indispensable para sostener la viabilidad económica de la firma a largo plazo.
Esta intervención evidencia las profundas diferencias ideológicas y de gestión entre el gobierno provincial y la administración central en materia de relaciones laborales. Mientras La Plata apuesta por una fuerte presencia estatal para proteger el empleo, el Palacio de Hacienda nacional promueve la flexibilidad regulatoria. ¿Resistiría el sector avícola una mesa de diálogo sin subsidios estatales ni cambios estructurales en sus costos?