En plena era digital y tras la sucesión de filtraciones de bases de datos críticas sufridas por organismos estatales y grandes corporaciones, la ley de proteccion de datos atraviesa una etapa crucial de revisión legislativa. El Gobierno remitió al congreso un proyecto normativo que busca reemplazar la Ley 25.326, dictada en el año 2000, para adecuar los estándares locales al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.
El punto medular de la iniciativa prevé un severo esquema punitivo para las organizaciones que incurran en negligencia en el resguardo de los datos personales de los usuarios. Las sanciones dejarían de calcularse en montos fijos desactualizados por la inflación para pasar a fijarse en porcentajes sobre la facturación global de las firmas infractoras, imitando las multas multimillonarias vigentes en jurisdicciones desarrolladas.
Representantes del sector informático y empresarial valoraron la necesidad de modernizar el marco normativo de privacidad argentina, pero advirtieron sobre los costos operativos de implementación. La adecuación requiere inversiones considerables en infraestructura de seguridad informatica, gobernanza de datos y la designación obligatoria de delegados especializados en las compañías.
Por su parte, las organizaciones dedicadas a la defensa de derechos digitales celebraron la inclusión de principios clave como el consentimiento expreso, la portabilidad de datos, el derecho al olvido y la obligación de notificar incidentes de seguridad en un plazo máximo de 72 horas.
El desafío para el Parlamento radicará en sancionar una ley que resguarde efectivamente la privacidad ciudadana sin sofocar la innovación en el ecosistema emprendedor. ¿Alcanzarán las multas más elevadas para forzar un cambio cultural de ciberseguridad en corporaciones e instituciones públicas?