La defensa de la propiedad privada ha sido una bandera central del gobierno de Javier Milei en Argentina. Tras décadas de intervencionismo estatal y relativización de este derecho fundamental, la administración actual impulsó medidas para garantizar la seguridad jurídica y atraer inversiones. Aunque el camino es complejo, se observan avances en la eliminación de regulaciones que asfixiaban a los propietarios y generaban incertidumbre. Desde la desregulación de alquileres hasta la revisión de expropiaciones dudosas, la señal es clara: un Estado que respete la propiedad privada es indispensable para el crecimiento. ¿Será suficiente este impulso para revertir años de erosión de un derecho básico? ¿O la resistencia de quienes se benefician del caos regulatorio frenará un cambio fundamental para la economía de Argentina?