Un nuevo obstáculo judicial pone en pausa los ambiciosos planes de reforma del Estado de la gestión nacional. Un tribunal bonaerense dictó una medida cautelar que paraliza de forma provisional el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), uno de los activos públicos señalados por el oficialismo para ser transferidos al sector privado. El fallo dispone, además, declarar la incompetencia territorial de la jurisdicción de origen y trasladar el expediente de forma definitiva a la justicia federal.
La decisión de la justicia frena la estrategia del Poder Ejecutivo para sanear el balance de la empresa mediante inversiones externas, argumentando la necesidad de proteger el acceso universal al agua potable como un derecho humano esencial de los bonaerenses. El tribunal consideró que el traspaso de la compañía estatal a capitales privados debe transitar por un marco regulatorio preciso que asegure la continuidad del servicio y tarifas accesibles para los sectores de menores recursos, condiciones que no estarían del todo claras en el decreto original.
Esta resolución generó malestar en los despachos del Ministerio de Economía nacional, donde sostienen que la privatización de AySA es indispensable para terminar con los multimillonarios subsidios estatales que sostienen la firma. Los funcionarios de Javier Milei argumentan que el ingreso de operadoras internacionales de primer nivel permitirá mejorar la calidad de las obras hidráulicas pendientes sin requerir fondos de un Tesoro Nacional abocado al equilibrio fiscal definitivo.
El traslado del expediente a la justicia federal representa un capítulo habitual en la disputa por las privatizaciones de empresas públicas argentinas. El Gobierno confía en que los tribunales federales, de carácter nacional, revocarán el fallo al priorizar los lineamientos de la Ley de Bases y los decretos de desregulación que autorizan las transferencias societarias de los servicios del Estado.
¿Podrá el Gobierno sostener el interés de los inversores internacionales en las empresas del Estado si la justicia argentina continúa bloqueando las privatizaciones mediante recursos judiciales locales?