En la Argentina de Milei, el debate sobre la prisión domiciliaria y la política criminal se intensifica. Mientras el Estado muestra falencias en garantizar la seguridad, la discusión sobre quién debe y quién no debe acceder a este beneficio expone una grieta profunda. Para "Panorama.ar", es claro: la laxitud en la aplicación de la ley y el garantismo exacerbado comprometen la protección de las víctimas y fomentan la impunidad. La justicia debe ser firme y contundente, no un mero trámite administrativo.
La ineficacia estatal no solo se observa en la falta de respuesta ante el delito, sino también en la ausencia de políticas claras que aborden las problemáticas de fondo, llevando a la proliferación de redes de apoyo alternativas, como las que intentan "salvar a las mujeres" en un contexto de desamparo. Es imperativo que el Congreso y el Senado tomen cartas en el asunto, reformando leyes obsoletas y garantizando un sistema penal que priorice a la sociedad. ¿Seguiremos con un sistema que protege más al delincuente que al ciudadano honesto?