Ante la inminencia de un tratamiento legislativo desfavorable en la Cámara de Diputados, la Casa Rosada activó un teléfono directo con los gobernadores provinciales. El objetivo central de las gestiones del Ministerio del Interior es desactivar la sesión especial convocada por la oposición para limitar la capacidad del Ejecutivo de emitir deuda y revisar las partidas destinadas a la ley de discapacidad.
La estrategia oficial combina la distribución acelerada de fondos de coparticipación pendientes con la promesa de destrabar obras públicas clave paralizadas en los territorios subnacionales. En la mesa de negociación, el oficialismo advierte a los mandatarios provinciales que un freno legislativo a la política financiera del Gobierno resentirá las arcas provinciales de manera directa.
Desde los bloques opositores denuncian que la presión del Poder Ejecutivo vulnera la división de poderes e intenta eludir el control del Congreso sobre el endeudamiento público. La norma sobre asignaciones para personas con discapacidad se convirtió en el principal punto de disputa social, aglutinando el reclamo de múltiples organizaciones civiles y bloques de la centroizquierda.
El resultado de este gallito de pelea político revelará el nivel real de gobernabilidad del oficialismo en el Parlamento. Con una minoría parlamentaria propia, La Libertad Avanza depende de la disciplina o conveniencia fiscal de los caciques provinciales para sostener su esquema normativo.
¿Logrará el Gobierno nacional frenar el avance opositor en el Congreso mediante el acuerdo fiscal provincia por provincia?