Aunque el ordenamiento fiscal y el freno a la emisión monetaria son exhibidos por el Gobierno como logros irrefutables de su gestión, el ritmo de recuperación económica no alcanza la velocidad proyectada. Diversos economistas e instituciones de mercado coinciden en que la transición de una fase de estabilización a una de crecimiento autosustentable enfrenta obstáculos estructurales severos que traban el dinamismo del consumo y de la inversión privada.
La primera gran traba reside en el desplome del poder adquisitivo del salario formal e informal, que no logra recomponerse a la misma velocidad que la canasta básica. En segundo lugar, la persistencia de una presión tributaria elevada combinada con altos costos logísticos perjudica la competitividad sistémica de las industrias exportadoras en relación con sus pares regionales.
El tercer factor condicionante es la restricción del crédito productivo. Si bien las tasas de interés se han reducido, el financiamiento a largo plazo sigue siendo acotado. La cuarta trama se vincula con la incertidumbre del régimen cambiario y la permanencia del cepo, factores que postergan los planes de inversión extranjera directa de gran escala. Finalmente, la quinta razón se encuentra en la debilidad de la inversión en infraestructura clave para la conectividad y el transporte de cargas.
Superar este embudo exige no solo sostener las metas fiscales, sino avanzar hacia reformas estructurales tributarias y laborales que generen un ecosistema previsible para el desarrollo privado.
¿Alcanza el equilibrio fiscal como condición única para atraer inversiones o se requieren políticas de incentivo más agresivas para salir del estancamiento?