La provincia de Tierra del Fuego vuelve a quedar en el centro de la escena geopolítica global tras la autorización para que un petrolero con bandera británica opere en sus aguas. La decisión generó un rechazo unánime en la Legislatura fueguina, donde se acusa al Gobierno nacional de mantener una postura pasiva ante los constantes avances del Reino Unido en la zona de exclusión de Malvinas.
La controversia escala a nivel de Cancillería, donde se evalúan los alcances de los tratados internacionales de navegación frente a la legislación interna que restringe la asistencia a buques vinculados a la explotación hidrocarburífera ilegal en el territorio nacional marítimo.
¿Es la pasividad diplomática el costo de reinsertar comercialmente al país en el mundo?