El tratamiento de las modificaciones a la Ley de Protección de Glaciares volvió a encender las alarmas entre organizaciones ambientalistas, sectores científicos y comunidades cordilleranas. La propuesta del Poder Ejecutivo busca acotar la definición legal del ambiente periglaciar protegible a fin de otorgar certeza jurídica a proyectos extractivos de minería de cobre, litio y oro en la franja andina.
La primera clave del proyecto radica en la delimitación técnica: la reforma exige que solo se consideren zonas protegidas aquellas geoformas periglaciares que cumplan con una función hídrica efectiva, masiva y demostrable. Para los promotores de la norma en el sector privado y las provincias mineras, esto permitirá destrabar inversiones multimillonarias paralizadas por superposiciones normativas ambiguas que frenaban el desarrollo industrial en zonas áridas.
La segunda clave gira en torno a la autoridad de aplicación, otorgando mayor autonomía decisoria a las jurisdicciones provinciales para habilitar estudios de impacto ambiental. En tercer lugar, se establece un reordenamiento del Inventario Nacional de Glaciares con criterios geológicos ajustados a estándares internacionales de explotación. Por último, la cuarta clave atañe al régimen de sanciones, que flexibiliza las penalidades previas sobre operaciones en zonas de borde.
Los detractores de la medida sostienen que alterar la protección periglaciar pone en grave riesgo las reservas estratégicas de agua dulce en un contexto global de cambio climático y sequías prolongadas. Investigadores de institutos científicos advierten que la alteración de los suelos congelados de montaña debilita de forma irreversible el caudal de los ríos que abastecen a los oasis agrícolas del oeste argentino.
¿Es compatible la expansión de la minería de exportación con la salvaguarda irrestricta de las reservas hídricas estratégicas de la cordillera?