Un reciente fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal brindó un importante alivio político y legal a exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri al validar el esquema de renegociación de los contratos de concesión de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste. La resolución judicial desestimó la demanda interpuesta por el Estado durante la administración anterior, que pretendía anular las prórrogas contractuales aduciendo presuntas irregularidades tarifarias.
El fallo judicial concluyó que no se probaron los vicios procedimentales denunciados en los acuerdos firmados en 2018 y remarcó la importancia de respetar la seguridad jurídica y la estabilidad de los contratos vigentes de inversión pública. La decisión no solo exime de responsabilidad patrimonial a las exautoridades del Ministerio de Transporte, sino que además frena el reclamo por sumas millonarias en concepto de resarcimiento que pesaba sobre las empresas operadoras internacionales.
La sentencia genera un impacto inmediato en las arcas públicas y traslada al actual Poder Ejecutivo la responsabilidad de adecuar los cuadros tarifarios para garantizar el mantenimiento de los corredores viales sin recurrir a subsidios estatales masivos. La decisión judicial es leída en los pasillos de la política como una ratificación del marco contractual promovido por el PRO durante su etapa de gobierno.
Por su parte, asociaciones de consumidores expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el fallo abra la puerta a incrementos directos en los valores del peaje para los usuarios de los accesos a la Capital Federal. La resolución reabre el debate sobre la sustentabilidad de las concesiones viales privadas. ¿Logrará el Gobierno equilibrar la rentabilidad empresarial con tarifas accesibles para los usuarios?