La medida conjunta de Argentina y Brasil de prohibir el ingreso a quienes no tengan el pasaporte al día genera un profundo debate sobre la potestad del Estado y los derechos de los ciudadanos. Si bien la renovación documental es una obligación, la rigidez en la aplicación y el impacto potencial en la movilidad de miles de personas, incluso por olvidos o demoras burocráticas, levanta serios interrogantes.
Esta decisión, que podría interpretarse como una forma de ordenar el flujo migratorio o de seguridad, también expone una excesiva burocratización que termina por perjudicar a los propios ciudadanos. En un contexto donde la administración pública a menudo presenta demoras, exigir una perfección absoluta bajo amenaza de expulsión es, cuanto menos, problemático y desproporcionado.
¿Es la mano dura burocrática la solución para el orden o un nuevo obstáculo que el Estado impone a la libertad individual y a la interacción regional?