Las universidades nacionales de todo el país vivieron una jornada de paro total con niveles de adhesión históricos, paralizando las actividades académicas y administrativas en las 57 casas de altos estudios públicas. El paro universitario marcha federal, convocado de manera conjunta por los gremios de docentes y personal no docente, expone el profundo malestar de la comunidad educativa ante la pérdida real del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación y el severo congelamiento de las partidas para gastos de funcionamiento.
El núcleo del reclamo radica en la recomposición de los salarios docentes universitarios, que según estimaciones sindicales registran el mayor retraso de las últimas dos décadas en comparación con otros sectores estatales. Pese a las mesas de diálogo convocadas por la Secretaría de Educación, las propuestas de aumento salarial del Gobierno nacional resultaron insuficientes frente a la aceleración inflacionaria previa, profundizando el conflicto universidades nacionales de manera alarmante.
Desde la perspectiva del Ministerio de Capital Humano, se defiende el criterio de austeridad fiscal absoluta argumentando que los gastos de las universidades públicas deben auditarse y adecuarse a la realidad de los recursos del Estado nacional. El presupuesto universitario para el corriente año se mantiene bajo revisión del Ejecutivo, que insiste en que las partidas de funcionamiento ya han tenido incrementos de emergencia, lo cual es considerado insuficiente por rectores e investigadores para garantizar el normal dictado de clases y el mantenimiento edilicio.
La altísima adhesión a las medidas de fuerza allana el camino para la convocatoria a una nueva y masiva marcha federal a realizarse en los centros urbanos más poblados del país. Este escenario volverá a poner a prueba la paciencia del Gobierno frente al reclamo de sectores medios de la población que valoran de manera prioritaria la continuidad del sistema educativo público no arancelado.
¿Tiene margen el Poder Ejecutivo para mantener la intransigencia fiscal frente a una demanda social transversal como el sostenimiento de la universidad pública?