El programa económico liderado por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo atraviesa un escenario de contrastes marcados. Por un lado, la inflación mayorista y minorista registra niveles a la baja no vistos en años, consolidando la ancla fiscal como el pilar fundamental del plan gubernamental. Sin embargo, de manera paralela, la demanda privada de dólares y el drenaje constante de divisas en las operaciones financieras reflotan la tensión en el mercado cambiario.
La desaceleración del índice de precios al consumidor fue lograda a costa de un fuerte apretón monetario, la contracción del crédito en sectores clave y la caída en la actividad comercial. Si bien este esquema permitió anclar las expectativas inflacionarias a corto plazo, el mercado comienza a mostrar señales de inquietud ante el ritmo de acumulación de reservas por parte del Banco Central y el atraso percibido en el tipo de cambio oficial respecto a la evolución de los costos internos.
Los analistas financieros advierten que la brecha entre los dólares alternativos y la cotización oficial vuelve a estirarse debido a la cobertura cambiaria que buscan las empresas e inversores frente al vencimiento de compromisos internacionales. Esta liquidez atrapada presiona sobre la banda cambiaria e incita al equipo económico a sostener tasas reales que resultan costosas para la reactivación del crédito productivo e industrial.
La encrucijada plantea un complejo dilema táctico: mantener el esquema cambiario para asegurar la baja definitiva de la inflación o flexibilizar los controles para evitar un desarme brusco de expectativas. ¿Podrá el Gobierno sostener el equilibrio de precios sin ajustar la política cambiaria ante el reclamo de mayor liquidez del mercado?