El Gobierno nacional oficializó mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La determinación ejecutiva se tomó de forma unilateral luego de que las cámaras empresarias y las centrales obreras fracasaran rotundamente en su intento por acordar un porcentaje de recomposición en la última reunión del Consejo del Salario. El nuevo esquema establece un sendero escalonado de actualización salarial.
Según lo dispuesto por la Secretaría de Trabajo, el salario mínimo experimentará un ajuste progresivo durante el presente semestre para dar previsibilidad a las variables económicas. La medida impacta de manera directa e indirecta en millones de trabajadores no registrados, en los programas sociales vigentes y en la fijación de las escalas impositivas laborales. El Ejecutivo justificó el monto al señalar que busca alinearse con el ritmo de desaceleración de la inflaciónista general.
Por el lado de los gremios, las reacciones críticas no se hicieron esperar. Tanto la CGT como las dos vertientes de la CTA argumentaron que el monto fijado resulta insuficiente para cubrir el valor de la canasta básica familiar y denunciaron que el uso del decreto consolida una pérdida sistemática del poder de compra de los asalariados. En contraste, desde el sector empresario respaldaron la intervención oficial, asegurando que un incremento mayor habría ahogado financieramente a las pymes en este contexto de reordenamiento de costos.
El salario mínimo cumple una función de ancla en la macroeconomía argentina, marcando el umbral de partida para diversas negociaciones paritarias de la actividad privada. La decisión del Gobierno demuestra su firme convicción de mantener acotada la expansión de ingresos para prevenir presiones sobre los precios y afianzar la meta de emisión cero.
Frente a un escenario de recomposición parcial e inflación contenida pero latente, el ajuste por decreto reabre el debate social. ¿Será suficiente este esquema de salario mínimo fijado por el Ejecutivo para resguardar el poder adquisitivo del sector más vulnerable?