La entrada en vigencia del debate formal para la reforma de la ley penal de Menores marca un punto de quiebre en la política de seguridad e inclusión social del país. La iniciativa legislativa busca modificar el Régimen Penal Juvenil, estableciendo la baja de la edad de imputabilidad a los 13 o 14 años para delitos gravísimos como homicidios, robos calificados y secuestros, al tiempo que introduce un esquema graduado de penas y medidas socioeducativas obligatorias.
El proyecto oficialista argumenta que el marco normativo actual resulta obsoleto frente al accionar de bandas criminales que utilizan a menores de edad como mano de obra impune. Con la reforma, el Estado busca contar con herramientas de intervención temprana, especializando los juzgados juveniles y garantizando el cumplimiento de penas en establecimientos diferenciados sin contacto con la población penal adulta.
Por el contrario, diversos juristas, unicef y organizaciones de derechos humanos han manifestado serias dudas respecto de la capacidad edilicia e institucional del Estado para rehabilitar a los jóvenes infractores. Advierten que la mera punitivización sin un presupuesto contundente destinado a la contención familiar y social solo terminará sobrepoblando las instituciones carcelarias sin bajar los índices reales de criminalidad.
El debate en las comisiones parlamentarias promete ser acalorado y atravesado por visiones ideológicas contrapuestas sobre el abordaje del delito. ¿Representará esta nueva ley penal juvenil una solución efectiva contra la inseguridad o profundizará la marginalidad en los sectores más vulnerables?