La puja por el control institucional y territorial del fútbol argentino sumó un capítulo definitorio en los tribunales ordinarios. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó de manera contundente el recurso extraordinario interpuesto por la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), frenando así el proyecto impulsado por su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, para mudar formalmente el domicilio legal del organismo a la localidad bonaerense de Pilar.
El intento de relocalización de la sede social había sido impugnado inicialmente por la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Desde el Ejecutivo nacional interpretaron la movida directiva como un ardid procedimental para sustraer a la AFA del fuero de contralor porteño y refugiarse en la jurisdicción contenciosa bonaerense, en momentos donde se intensifica la presión oficial para habilitar el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
Con la resolución de la Cámara Civil, la casa madre del fútbol queda ratificada bajo el ámbito de fiscalización de la IGJ en la Capital Federal. La decisión judicial representa una clara victoria táctica para la estrategia del Gobierno nacional, que busca transparentar los balances de la institución y limitar las atribuciones absolutas de la conducción actual en la toma de decisiones estatutarias.
Desde el entorno directivo de la AFA lamentaron el fallo y evaluaron los pasos a seguir con sus equipos jurídicos, insistiendo en que la mudanza responde a un plan de descentralización y modernization de los predios deportivos. Sin embargo, el margen de maniobra legal comienza a agotarse a medida que se ratifican las cautelares en contra. ¿Se avizora un desenlace con intervención institucional sobre el fútbol argentino o logrará el liderazgo de la AFA un canal de negociación con el Poder Ejecutivo?