Los datos son alarmantes: la morosidad de las familias argentinas se cuadruplicó, sumergiendo a miles en una espiral de endeudamiento que parece no tener fin. Ante esta crisis silenciosa, la respuesta del gobierno, en voz de su presidente, es clara: "Es un problema entre privados". Esta postura, si bien coherente con una filosofía de libre mercado, genera profunda inquietud sobre los límites de la intervención estatal y la protección de los ciudadanos más vulnerables.
La visión liberal, que promueve la responsabilidad individual y la mínima intromisión del Estado en las relaciones económicas, choca con la cruda realidad de familias que, ahogadas por la inflación y la falta de ingresos reales, no logran saldar sus compromisos. ¿Es la inacción estatal la única vía posible, o debería existir algún mecanismo que, sin distorsionar el mercado, ofrezca un respiro a quienes caen en desgracia por factores macroeconómicos que los exceden? El debate está abierto: ¿dónde trazar la línea entre la libertad económica y la protección social?