La morosidad de las familias argentinas se ha cuadruplicado en un año, una cifra alarmante que expone la delicada situación económica de miles de hogares. Frente a este panorama, el presidente ha sostenido que es "un problema entre privados", reafirmando su postura de no intervención estatal en los asuntos contractuales individuales. Este enfoque, si bien coherente con la filosofía liberal, genera un intenso debate sobre el rol del Estado en tiempos de crisis social.Desde una perspectiva de mercado, la no intervención busca evitar distorsiones y fomentar la responsabilidad individual, argumentando que cualquier auxilio público podría sentar precedentes perniciosos o trasladar la carga a los contribuyentes. Sin embargo, los críticos señalan que una situación de esta magnitud exige al menos algún tipo de mediación o esquema de alivio, especialmente cuando se afectan sectores vulnerables. La tensión entre la libertad contractual y la protección social es evidente.Con una morosidad que crece a pasos agigantados, ¿hasta dónde es sostenible la postura de "problema entre privados" sin generar una fractura social aún mayor? ¿Dónde termina la libertad individual y comienza la responsabilidad del Estado en una crisis de esta escala?