La agenda del Gobierno nacional vuelve a nutrirse de grandes proyectos de proyección global tras las declaraciones del presidente Javier Milei sobre las intenciones de repatriar la formula 1 argentina. El mandatario aseguró públicamente que las reformas de desregulación y la apertura de la economía generan el contexto propicio para que los organizadores del circo automovilístico vuelvan a posar sus ojos sobre nuestro país. Sin embargo, detrás del entusiasmo popular y del innegable impacto publicitario, se despliega una compleja trama de requerimientos de infraestructura y compromisos de inversión millonaria en moneda extranjera que abren interrogantes sobre su viabilidad fiscal.
Para que el regreso de la F1 sea una realidad tangible, la pista elegida —que por historia y geografía debería ser el autodromo de Buenos Aires— debe atravesar un proceso radical de remodelación para alcanzar la Homologación Grado 1 exigida por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Las obras requeridas incluyen desde la repavimentación completa de la traza con compuestos específicos hasta la ampliación de las vías de escape, la renovación total del sector de boxes y la modernización de los sistemas de seguridad electrónica. Los analistas estiman que el costo base de esta actualización de infraestructura supera los 40 millones de dólares, una cifra considerable en medio del ajuste de las cuentas públicas nacionales.
El esquema de Milei formula 1 contempla que los fondos provengan mayoritariamente de inversiones deportivas privadas y patrocinadores corporativos internacionales, evitando el uso de recursos del erario público nacional. No obstante, en la historia de la máxima categoría, las carreras fuera de Europa suelen requerir un fuerte aval financiero de los Estados nacionales en concepto de canon de organización, un monto que anualmente oscila entre los 20 y los 45 millones de dólares según el circuito. Las gestiones encabezadas por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes buscan estructurar un consorcio de empresas locales e internacionales que absorba estos costos a cambio de la explotación de la marca país y los derechos comerciales de transmisión.
El impacto turístico y comercial de un Gran Premio de Fórmula 1 en Buenos Aires es innegable, con la capacidad de generar miles de puestos de trabajo temporales y un ingreso masivo de divisas extranjeras en servicios de hotelería, gastronomía y transporte internacional. Sin embargo, en un país que aún batalla para estabilizar sus variables macroeconómicas básicas y reducir la pobreza extrema, la prioridad dada a los espectáculos de élite global genera divisiones en la opinión pública. ¿Podrá la inversión netamente privada solventar una gesta deportiva de semejante envergadura sin requerir del respaldo impositivo de un Estado enfocado en la austeridad absoluta?