Javier Milei volvió a cargar contra el aborto legal, calificando la legislación como una "locura de los pañuelitos verdes" que Argentina "paga muy cara". Esta postura reafirma su visión provida y se alinea con sectores conservadores que ven en la ley un retroceso moral y un gasto innecesario para el Estado. La crítica presidencial se centra en el costo económico y social que, según él, implica la aplicación de la ley, abriendo el debate sobre la asignación de recursos públicos en un contexto de ajuste.
La Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada tras un intenso debate y es defendida por amplios colectivos feministas y de derechos humanos como un avance en la salud pública y la autonomía de las mujeres. Argumentan que el costo de no tenerla es mayor en términos de salud pública por abortos clandestinos y muertes evitables. La visión del presidente, sin embargo, sugiere una revisión o al menos un cuestionamiento profundo a esta política de Estado, en línea con la postura liberal-conservadora que lo caracteriza y que choca frontalmente con el progresismo.
¿Es la crítica de Milei una defensa de principios o una distracción de problemas económicos más urgentes, y cómo impacta en la cohesión social y el futuro de las políticas públicas el retorno de este debate ideológico?