La provincia de Mendoza se ha convertido en el epicentro de un debate de hondas repercusiones institucionales y sociales que amenaza con extenderse a otras jurisdicciones del país. El motivo de la discordia es el tratamiento legislativo de la denominada Mendoza Ley de Propiedad Privada, una iniciativa que ha despertado una inusual y masiva resistencia comunitaria, traduciéndose en masivas protestas en Mendoza que paralizaron los accesos principales de la capital provincial durante las últimas jornadas.\n\nEl conflicto se desató cuando la discusión sobre la propiedad privada Senado comenzó a tomar fuerza entre los bloques legislativos mendocinos. Quienes se oponen al proyecto argumentan que las modificaciones propuestas al código de ordenamiento territorial y a los marcos de expropiación abren la puerta a una virtual discrecionalidad del Ejecutivo provincial sobre tierras comunitarias, productivas y de desarrollo urbano. La tensión escaló rápidamente y los principales portales locales, entre ellos el reconocido Sitio Andino, reflejaron la preocupación de diversos colectivos sociales, asambleas de vecinos e incluso agrupaciones de pequeños productores agrícolas que temen perder el dominio de sus parcelas frente al avance de grandes emprendimientos inmobiliarios y mineros auspiciados por el Estado.\n\nDesde el oficialismo provincial defienden la medida sosteniendo que busca agilizar la regularización de títulos de propiedad y dinamizar el mercado de tierras ociosas, eliminando las trabas burocráticas que paralizan el desarrollo de infraestructura estratégica. Sin embargo, la falta de consensos previos y la velocidad con la que se pretendió avanzar en las comisiones de la Cámara Alta provincial terminaron catalizando un conflicto social Mendoza de proporciones inéditas para la gestión local.\n\nLa resolución de esta disputa legislativa pondrá a prueba la solidez institucional mendocina y la capacidad de sus líderes políticos para desactivar la desconfianza ciudadana en torno a un derecho fundamental y de rango constitucional. Mientras el Senado dilata el debate en busca de calmar las aguas, la movilización popular sigue en pie de alerta. ¿Será posible conciliar la necesidad de modernizar el ordenamiento territorial del Estado con el respeto irrestricto y la protección efectiva de la propiedad de los ciudadanos comunes?