La alarmante cifra de más de 30.000 empresas cerradas en apenas dos años y medio expone una realidad brutal: el sector privado, motor de la economía y generador de empleo, está siendo estrangulado. Este escenario de retracción empresarial es la consecuencia directa de una presión impositiva insostenible, la burocracia sofocante y la falta de un horizonte económico claro que estimule la inversión y el crecimiento.
Mientras el discurso oficial a menudo se enfoca en la protección del empleo, la realidad es que miles de puestos de trabajo se pierden con cada persiana que baja. Los emprendedores y pequeños empresarios, pilares de cualquier economía sana, se ven obligados a abandonar sus proyectos ante la imposibilidad de competir y subsistir bajo un esquema que parece penalizar la iniciativa.
¿Qué futuro le espera a un país que sistemáticamente expulsa a quienes se atreven a producir y arriesgar, y cuándo se tomarán medidas para un verdadero alivio fiscal y regulatorio?