Una profunda tensión social se vive en la provincia de Mendoza. Diversas agrupaciones sociales, comunidades originarias y partidos de la oposición marcharon en contra de las modificaciones propuestas en la nueva Ley de Propiedad Privada debate que se lleva adelante en las comisiones de trabajo del Senado nacional. El proyecto de ley busca introducir cambios sustanciales en el régimen de posesión y tenencia de tierras, lo que ha generado fuertes discrepancias entre quienes defienden la seguridad jurídica empresarial y quienes alertan sobre el avasallamiento de los derechos territoriales de comunidades históricas.
La marcha en Mendoza se constituyó en una de las manifestaciones más populosas de las últimas semanas en el interior del país. Los manifestantes sostienen que las reformas promovidas por el oficialismo en el Senado nacional facilitan los desalojos expeditivos de familias que habitan tierras rurales desde hace generaciones, sin necesidad de un juicio previo de expropiación o de resolución de disputas de posesión.
Por el contrario, los defensores del proyecto legislativo argumentan que la norma es indispensable para atraer inversiones al sector productivo, vitivinícola y minero de la región. De acuerdo con esta perspectiva, la falta de una definición clara sobre la propiedad inmobiliaria frena el desarrollo de nuevos emprendimientos industriales que generarían puestos de trabajo genuinos y divisas para la provincia.
El debate legislativo pone en evidencia la profunda brecha ideológica respecto al uso del suelo y el rol del Estado en la resolución de conflictos habitacionales. Con la escalada de la tensión social, los legisladores nacionales enfrentan el complejo desafío de redactar una ley que promueva la inversión privada sin desamparar a los sectores más vulnerables.
¿Es posible legislar para proteger el derecho a la propiedad privada sin descuidar los derechos territoriales de las comunidades del interior?