Una masiva movilización ciudadana recorrió las principales calles de la capital mendocina para manifestar un enérgico rechazo al tratamiento de una polémica iniciativa legislativa que busca reformar el marco normativo de tenencia de tierras: la consigna Mendoza ley propiedad privada movilizó a miles de personas frente a la sede parlamentaria provincial. La concentración fue encabezada por organizaciones comunitarias, sectores agrarios familiares y asambleas barriales que denuncian un riesgo inminente de desalojos.
El conflicto se originó a partir del avance de un dictamen en las comisiones de la Cámara Alta local, donde la convocatoria senado mendocino marcha evidenció el malestar popular frente a los artículos que aceleran los mecanismos de restitución expedita de inmuebles ocupados y restringen los plazos de regularización dominial. Quienes defienden la reforma propiedad privada sostienen que el proyecto garantiza la seguridad jurídica indispensable para atraer inversiones productivas e inmobiliarias a la provincia cuyana.
Por el contrario, los manifestantes de las protestas tierras Mendoza argumentan que el endurecimiento legal desprotege a comunidades originarias y productores rurales tradicionales que carecen de títulos formales de propiedad por desidia burocrática histórica. La polarización generada por estos proyectos legislativos provinciales obligó a los bloques parlamentarios a postergar la votación en el recinto para abrir mesas de diálogo técnico con los sectores involucrados.
La tensión territorial en Mendoza refleja la compleja coexistencia entre los derechos de propiedad formal y las demandas habitacionales en el interior del país. ¿Logrará el Poder Legislativo compatibilizar la atracción de inversiones con la protección de los sectores rurales más vulnerables?