Una masiva movilización recorrió las principales avenidas de la capital mendocina en rechazo al proyecto normativo de tutela de propiedad privada que debate la Cámara de Senadores. La manifestación aglutinó a productores rurales, regantes cooperativos, organizaciones barriales y sectores académicos, quienes alertan que el texto en discusión debilita la protección sobre tierras comunitarias, humedales y derechos hídricos históricos en la provincia cuyana.
El proyecto legislativo, respaldado por sectores que demandan seguridad jurídica absoluta frente a usurpaciones y tomas ilegales de tierras, propone acelerar los desalojos cautelares sin mediación judicial previa y agravar las penalidades patrimoniales para quienes ocupen terrenos privados o fiscales. Para los defensores de la norma, la certeza del derecho dominial resulta indispensable para reactivar la inversión inmobiliaria, agropecuaria y energética en todo el territorio argentino.
Sin embargo, los manifestantes cuyanos sostienen que la rigidez de la letra chica colisiona frontalmente con el arraigo secular de pequeños puesteros criollos y comunidades originarias en zonas cordilleranas que carecen de escrituras formales, a pesar de haber habitado las tierras por generaciones. Asimismo, advirtieron que la norma podría priorizar derechos inmobiliarios sobre el uso comunitario del agua de deshielo, un recurso crítico regulado por el histórico Departamento General de Irrigación.
La marcha se desarrolló en un clima de alta tensión institucional, con discursos que exigieron a los senadores nacionales por Mendoza votar en contra de la iniciativa o forzar modificaciones que resguarden la soberanía productiva local. El gobernador y los legisladores oficialistas provinciales buscan tender canales de diálogo para evitar que la disputa derive en una paralización de actividades en el sector vitivinícola.
El choque evidencia las complejidades de aplicar estándares homogéneos de derecho dominial sobre realidades territoriales cargadas de historia social y ambiental. ¿Podrá el Congreso blindar la propiedad privada sin avasallar los derechos ancestrales y el equilibrio de las economías regionales?