El debate en torno a la estrategia soberana sobre el Atlántico Sur adquirió una fuerte impronta subnacional. El secretario de Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego formalizó un pedido al Poder Ejecutivo Nacional para dar un paso trascendental y derogar de forma definitiva el Tratado Bilateral de Inversiones firmado con el Reino Unido en la década del noventa, al catalogarlo como un verdadero "error geopolítico".
El argumento fueguino radica en que dicho tratado le otorga amplias garantías jurídicas e incentivos comerciales a las empresas de capital británico mientras Gran Bretaña mantiene una intransigente postura colonial, negándose a cumplir las resoluciones de la ONU para dialogar por la soberanía. De acuerdo con esta tesitura, el país no debería brindar protección legal a inversiones procedentes de una potencia invasora de su territorio.
Sin embargo, analistas del servicio exterior y constitucionalistas advierten sobre las potenciales repercusiones de una cancelación unilateral de esa índole. Un eventual rompimiento del acuerdo podría generar demandas ante tribunales arbitrales como el CIADI y complicar aún más los precarios canales diplomáticos comerciales existentes entre Buenos Aires y los mercados europeos, afectando el clima global de negocios.
La disyuntiva plantea una colisión directa entre los imperativos patrióticos de presión diplomática y el realismo económico que exige sostener marcos jurídicos estables para atraer capitales. Ante este dilema de Estado, ¿debe la Argentina subordinar sus tratados de inversión a la causa Malvinas o priorizar la previsibilidad comercial internacional?