El Senado de la Nación es el escenario de una descarnada confrontación doctrinaria y social en torno al proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental promovido por el Poder Ejecutivo nacional. Esta propuesta de reforma Ley de Salud Mental busca intervenir sobre el paradigma vigente de desinstitucionalizacion y control de adicciones en el país, desatando un intenso debate legislativo que divide aguas entre profesionales de la medicina, agrupaciones de derechos humanos y familiares de personas con patologías severas.
El núcleo de la iniciativa oficialista radica en la flexibilización de los requisitos formales para ordenar internaciones involuntarias en contextos donde se verifique un riesgo cierto e inminente para el paciente o para terceros, un reclamo histórico de miles de familias de Salud Mental Argentina que denuncian el total desamparo legal ante crisis severas de adicciones u otras patologías psiquiátricas graves. El gobierno sostiene que el actual modelo de prohibición total de nuevos manicomios de carácter monovalente carece de una red intermedia real de contención ambulatoria, dejando a los pacientes en situación de calle o en el abandono institucional absoluto.
Por su parte, los colegios profesionales de psicología y las agrupaciones de derechos humanos rechazan categóricamente los cambios aduciendo que la reforma consagra un peligroso retorno a prácticas de aislamiento forzoso y manicomiales, avasallando los derechos individuales garantizados por tratados de raigambre internacional. Los críticos afirman que el verdadero problema radica en el crónico subdiagnóstico presupuestario de la red asistencial comunitaria existente y no en los límites legales del consentimiento de los pacientes para ser internados.
Este debate pone bajo examen la eficiencia de las políticas socio-sanitarias estatales frente a los padecimientos de una población expuesta a un altísimo estrés social y económico. La discusión trasciende las cuestiones estrictamente clínicas para centrarse en los límites éticos de la intervención del Estado sobre la libertad individual de las personas.
Con un desenlace legislativo aún abierto y cargado de reclamos de todos los sectores, el país asiste a una definición crucial. ¿Logrará el Congreso parir una ley equilibrada que proteja la vida de los pacientes en situaciones límite de vulnerabilidad sin restablecer prácticas de encierro contrarias a la dignidad humana?